This blog post has been produced by Patricia Monje, CEO of ATIPANA and CCIB Solutions associate in Bolivia. Her career prior to entering the extractive sector included work in CARE Bolivia as well as Fundacion PUMA

Está Bolivia perdiendo su oportunidad de inversión social y tecnológica?

A pesar de que en los últimos años Bolivia ha estado diversificando su economía, es innegable que la misma tiene una gran dependencia de la industria extractiva.

Los últimos 6 años han sido de una histórica bonanza en los precios de los minerales producidos en Bolivia, lo que ha generado un crecimiento en el sector, tanto público como privado y cooperativizado.

Pero a pesar de este crecimiento, tanto el sector como el Estado, no se fijan en el hecho de que esta oportunidad económica es también una oportunidad para desarrollar tecnologías que permitan remediar  los cientos de pasivos ambientales dejados por décadas de explotación minera; así como también desarrollar tecnologías sustentables para un manejo ambiental responsable por parte del sector.

El problema ambiental generado por las actividades mineras está de tanto en tanto en el ojo del huracán, sin que el Estado cumpla su rol de impulsar, a través de Universidades e Institutos de Investigación, el estudio y  puesta en marcha de soluciones técnicas, centrando su atención exclusivamente a “enfriar el conflicto social”.

La legislación ambiental boliviana fue creada a principios de los años 90, cuando en el país ya existían miles y miles de toneladas de pasivos ambientales, la mayoría pertenecientes al Estado. Esta legislación sólo conmina a controlar que estos pasivos no generen mayor contaminación ambiental y no así a remediarlos. Considerando que en la fecha de creación de esta ley, la minería se encontraba en su peor momento a nivel mundial, podemos decir que era lo más acertado para ese momento; pero esa realidad cambió y el Estado mantiene un discurso de industrialización de los minerales y de percibir mayores ingresos para el Estado de este sector, todo esto muy útil, pero si no viene acompañado de políticas que impulsen la creación de tecnologías que permitan la remediación ambiental, Bolivia corre el riesgo de encontrarse en unos años más en la misma situación que hace tres décadas atrás.

Como empresaria minera, creo que las empresas también tenemos un rol que cumplir en todo esto, además del  cumplimiento de la ley, que es el crear estas tecnologías en el marco de nuestras operaciones y probablemente muchas empresas ya lo estén haciendo; pero cómo beneficia esto al resto del sector? O a empresas mineras pequeñas que no tienen la misma capacidad de inversión?, es mi opinión que el Estado debe identificar estos avances hechos por el sector privado, difundir los resultados e impulsar a que otras empresas hagan lo mismo.

El tema ambiental es responsabilidad de varios sectores, y sólo con la participación de todos se llegarán a soluciones técnicamente viables y económicamente sostenibles, pero el Estado es el llamado a facilitar y guiar este proceso, así como también a crear el marco legislativo que lo impulse.

 

Translated by Michelle Dupuis, with approval of the author:

Despite the economic diversification that Bolivia has seen in the last few years, an undeniable over-reliance on the extractive industry remains. 

The last six years have proven to be a historical bonanza for Bolivian mineral prices.  This has generated growth in the whole sector – public, private and cooperative based enterprises have all benefited. 

Despite this growth, the whole sector as well as the state, have missed the link between this economic moment and the opportunity to develop technologies that would allow for the clean up of hundreds of environmental liabilities left by decades of mining exploitation. There is also a large opportunity to develop sustainable technologies that will allow the entire sector to operate in a more environmentally responsible manner. 

The environmental impact of mining activities ends up in the eye of the storm from time to time.  The state has not fulfilled its mandate to support the study and application of technical solutions, through universities and research institutes.  On the contrary, it has focused entirely on pacifying social tension that arises in mining communities.  

Environmental legislation in Bolivia was created in the 1990s, when thousands and thousands of tonnes of tailings waste already existed in the country, the majority under the purview of the state.  This legislation only warns that existing operations must not generate further contamination, but it was not designed to remedy any existing damage. 

Considering that the mining industry was facing the worst challenges at a worldwide level when this law was created, we can say this was the appropriate measure at the time.  Now, this global context has changed and the state continues to promote a discourse of industrialization based on minerals with the expected increase in the public purse.  All of this is very useful, but if it is not accompanied by policies that promote the creation of remedial technologies, Bolivia runs the risk of finding itself in the same situation it was in three decades ago. 

As a mine owner, I believe that mining companies also have a role to play in all of this, above and beyond compliance with the law.  We must create these technologies within the framework of our operations and likely many companies are already doing so – but how can we ensure that these innovations benefit the entire sector and particularly smaller mines that may not have the capacity to invest in these innovations?  My suggestion is that the state should identify these innovations, disseminate the results and promote companies do the same as well. 

Environmental concerns are the responsibility of many players in the sector, and with everyone’s cooperation technically viable and economically sustainable solutions can be created.  The state has a central role to play in facilitating and guiding this process, as well as creating the legislative framework to allow it to flourish.